La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) condenó en un comunicado el paquete de leyes que aprobó el congreso poco antes de culminar su período en diciembre, pues considera que "crean una gravísima situación política pues con ellas se pretende imponer a los venezolanos un sistema socialista, estatizante y totalitario".
"Esta manera de proceder no resuelve los problemas de la gente, e irrespeta y desconoce la voluntad popular mayoritaria expresada reiteradamente por medio del voto", dijeron los obispos al objetar la aprobación en diciembre de 25 leyes, entre las que se incluye una ley que habilitó a Chávez para legislar por decreto hasta junio del 2012.
Entre el paquete de leyes aprobado por la pasada Asamblea Nacional figuran legislaciones que elevan el control del Estado sobre los medios, el internet y la banca, y que impiden a las organización de derechos humanos recibir financiamientos externos.
Los obispos afirmaron que la ley habilitante representa un "inaceptable desconocimiento de la voluntad popular", que se expresó en las elecciones legislativa del 26 de septiembre, debido a que limita la facultad de legislar del nuevo congreso que comenzó funciones la semana pasada.
La CEV instó al gobierno y al partido oficialista "a que tomen conciencia de la peligrosa situación que están generando... respetar las exigencias democráticas del pueblo venezolano... (y) rectificar su propósito de establecer la hegemonía absoluta del Estado".
"Sería un gesto positivo... (si) se devolviera a la Asamblea Nacional todas sus facultades legislativas", plantearon los obispos en un documento al cierre de la XCV Asamblea ordinaria de la CEV.
El diputado oficialista Carlos Escarrá afirmó el martes que Chávez utilizará la ley habilitante para resolver los "problemas estructurales" que generaron las intensas lluvias del mes pasado, y hacer "cambios estructurales en Venezuela", según reseñó la Asamblea Nacional en un comunicado.
En su primer día de sesiones, la mayoría oficialista en el Congreso condenó las declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos José Miguel Insulza respecto a la posibilidad de convocar al Consejo Permanente para analizar si con la ley habilitante, Venezuela está violando la Carta Democrática Interamericana.
La oposición asegura que el mandatario recurrió a la ley habilitante debido a que ya no cuenta con la mayoría calificada en el nuevo congreso.
Los partidos aliados al gobierno controlan 98 escaños de la Asamblea Nacional, mientras la oposición tiene 67.
Las relaciones entre el gobierno y la cúpula eclesiástica se agrietaron el año pasado luego que el cardenal Jorge Urosa Savino denunció que el país estaba avanzando hacia un "Estado socialista" de corte "marxista-comunista".
Chávez respondió a las afirmaciones del purpurado llamándolo "troglodita" y "mentiroso", y ordenó revisar el convenio que tiene el gobierno venezolano con el Vaticano, que le da prioridad a la Iglesia católica sobre el resto de las iglesias.
Antes, Chávez ha acusado a la iglesia de darle la espalda a los pobres y ponerse del lado de la "oligarquía", a la que considera empeñada en derrocarlo.
De acuerdo a las principales encuestadoras locales, la cúpula eclesiástica tiene una alta credibilidad en el país, donde más de la mitad de sus 28 millones de habitantes dice profesar la religión católica.
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