Según explicó, la legislación constitucional vigente no otorga el poder de veto ni diferimiento a la Presidencia de la República por lo que la figura mas conveniente "para evitar un comienzo de año peligrosamente conflictivo" no es otra que la "vacatio legis" prolongada. De esta manera se le brinda a sectores académicos, estudiantiles y sociedad en general un espacio de participación en la discusión de la nueva ley.
Aclaró Luzardo que este procedimiento puede hacerlo el presidente Hugo Chávez dentro del lapso de diez días hábiles a partir del momento en que recibe la ley proveniente de la Asamblea Nacional
"El Presidente puede solicitar a la Asamblea que levante parcial o totalmente la sanción a la ley para debatirla ampliamente o también alegar su inconstitucionalidad por no llenar los extremos establecidos en el artículo 109 de la Carta Magna, o sea los relacionados con la autonomía universitaria como fórmula para someterla a un amplio y transparente debate", destaca el boletín enviado por Luzardo.
Luzardo asevera que, de promulgarse la ley tal como está, se viola el principio constitucional de participación política en los procesos de elaboración de las leyes. Agrega que se transgrede el derecho y la garantía de la formación profesional de alto nivel la cual está basada a su vez en el principio de educación de calidad, particularmente en algunas carreras como Medicina, Ingeniería, Arquitectura, Lingüística, Arqueología, Biología, etc.
"El régimen asambleario e indiscriminado, de la participación no calificada, conspira contra la preparación profesional de calidad, contra la preparación científica", dijo Luzardo.
Por otro lado resaltó: "El voto paritario planteado en la ley es uno que promueve la piratería, el facilismo y la corrupción por inducir a negociar entre profesores y alumnos en la carrera para ser electos como autoridades universitarias".
Recordó también que, de aplicarse la nueva Ley, se repetirían los errores de la llamada renovación académica de 1969 cuyos principales combatientes fueron Ángel Rosenblat y Ernesto Mayz Vallenilla.
Propone además de la "vacatio legis", la designación de una comisión de alto nivel académico para su revisión, pues considera que, quienes cumplieron el papel de reformadores carecen de esas condiciones y "están mas bien imbuidos de odio y rencor y sobretodo animados por el activismo cuyo lugar de realización es otro y no la Academia".
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